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Sin embargo, uno de los principales retos a los que se enfrentaba la asociación era que en la Ley de población y el Código Civil del estado de Chiapas, establecía que todo menor nacido en el territorio debía ser registrado antes de 180 días, en caso omiso, pasaría a ser nulo, y aun peor, sumando que las mujeres migrantes no contaban con asesorías legales.