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Anunciación.- Causa en Común AC, llevó a cabo una conferencia de prensa en la cual recordó que hace diez años la ciudadanía tomo las calles y vistió de blanco la principal avenida del país, Paseo de la Reforma. La protesta era clara: “la inseguridad”. Ante ello la organización presentó un balance de la incidencia delictiva y convocó encubar compromisos ciudadanos que serán abiertos en el 2024.

A lo largo de estos años el empuje de la ciudadanía ha logrado, entre otros, la participación ciudadana permanente en el Consejo Nacional de Seguridad Pública; establecer el Control de Confianza al personal de Instituciones de seguridad y procuración de justicia; encaminar el nuevo Sistema de Justicia Penal; promover la Reforma Constitucional en Derechos Humanos; participar en la creación de leyes para atención de Víctimas y; Contra el Secuestro; Contra Trata de personas, así como lograr un crecimiento de OSC al pasar de 2 mil 958 organizaciones en 2004 a 26 mil 050 en 2014 con CLUNI.

María Elena Morera señaló que “la marcha 2004 a muchos nos marcó. Si cambiaron las cosas, no se ha resuelto todo pero hay más gente capacitada, interesada y capaz de ejercer sus derechos ciudadanos. Una sociedad más participativa, más fuerte, menos complaciente con las autoridades.

Sin embargo ante la realidad de las altas tasas delictivas y su modesta mejoría con relación a años recientes, Morera identificó que tras la marcha, se abrió el mercado de armas en Estados Unidos y con ello grupos delictivos en nuestro país comenzaron una nueva espiral de violencia en donde se encontraron con debilidad de las instituciones, escasa preparación de los cuerpos de seguridad, un sistema de procuración e impartición de justica inconsistente y con un serio problema de desconfianza ciudadana, escenario que como Estado no hemos logrado revertir y es urgente hacerlo.

La presidenta de Causa en Común afirmó “en 10 años las autoridades nos quedan a deber, la seguridad es una tarea pendiente. Por eso, esa marcha ciudadana que iniciamos hace 10 años continua, y cada vez somos más“

Por lo cual para revertir este problema y mantener viva la esperanza de que México sí puede cambiar, en el marco de la conmemoración de los 10 años de la marcha blanca, la organización convocó a asumir compromisos ciudadanos y depositarlos en cápsulas del tiempo el día 29 de junio en la Casa del Lago de la UNAM para que después de 10 años, sean reabiertas y descubrir lo que se realizó tanto por la seguridad como por el desarrollo de todos los ciudadanos.

Informes
Causa en Común AC
0155 5255 5861

Anunciación.- La Misión Civil de Observación de la Consulta a la Tribu Yaqui, llevó a cabo una conferencia de prensa para dar a conocer que organizaciones defensoras de derechos humanos y del medio ambiente en todo el país enviaron el pasado 11 de junio una carta al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, manifestando su preocupación y rechazo por la sentencia que confirma la orden de aprehensión contra Mario Luna, vocero de la Tribu Yaqui, advirtiendo que detrás de ésta puede estar la intención de hacer uso indebido del sistema de justicia penal en México para perseguir a los líderes que se oponen a la realización del megaproyecto hidráulico Acueducto Independencia.

En días pasados se emitió la sentencia en el amparo en Revisión 93/2014 del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito que confirma la orden de aprehensión girada el 14 de junio de 2013 por el Juez Tercero de Primera Instancia de lo Penal de Hermosillo, Sonora, por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada y robo cometido por dos o más personas respecto de vehículo de propulsión mecánica en contra de Mario Luna, Secretario de las autoridades tradicionales del Pueblo de Vicam de la Tribu Yaqui.

Cabe recordar que Mario Luna ha fungido como el vocero de la Tribu Yaqui en la defensa legal que ésta ha emprendido en contra de la construcción y operación del Acueducto Independencia, el cual pretende trasvasar a la Cuenca del Río Sonora el agua del Río Yaqui, la cual pertenece en un 50 por ciento a la Tribu.

En un hecho histórico para los derechos indígenas en México, el pasado 8 de mayo de 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), reconoció la violación del derecho a la consulta de la Tribu en la emisión de la Autorización de Impacto Ambiental del Acueducto Independencia, ordenando a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dejar sin validez la autorización y llevar a cabo la consulta, proceso que a la fecha se encuentra en desarrollo y en el que tienen un papel fundamental las autoridades, entre ellos Mario Luna.

La orden de aprehensión en contra de Mario Luna tiene que ver con hechos ocurridos el 8 de junio de 2013, cuando durante el bloqueo carretero que mantiene la Tribu Yaqui en protesta contra el Acueducto, una persona de la misma comunidad Yaqui cometió una falta cuando transitaba en su vehículo y de acuerdo a los usos y costumbres fue detenido, trasladado a la comisaría y sancionado. El gobierno del estado de Sonora hizo del conocimiento público que Mario Luna y Tomás Rojo, ambos voceros de la Tribu en este conflicto, estaban siendo investigados por el supuesto secuestro de dicha persona, integrante de la Tribu Yaqui.

Las organizaciones señalaron que las acusaciones hacia las autoridades Yaquis no están fundadas ni motivadas, además de que ignoran el artículo 2 constitucional, el cual establece que, como miembros de una comunidad indígena con usos y costumbres, se les reconoce autonomía para aplicar sus propios sistemas normativos y, además, prevé el uso del sistema de justicia indígena para solucionar los conflictos internos en las comunidades y pueblos indígenas.

Es importante añadir que las acusaciones ministeriales presentan muchas dudas y contradicciones, además de que la ubicación y participación de Mario Luna, de Tomás Rojo y de los demás supuestos responsables en los hechos no es clara.

Las organizaciones firmantes señalaron en la misiva dirigida al Secretario de Gobernación que “todo esto es preocupante porque se ha visto que el sistema penal puede ser utilizado para criminalizar a los líderes y a los defensores del territorio de los pueblos indígenas que se oponen a algún megaproyecto de desarrollo y ésta es práctica del Estado mexicano”. Por ello, manifiestan su preocupación de que “detrás de esta orden de aprehensión exista la intención de hacer un uso indebido del sistema de justicia penal en México para perseguir a los líderes de la Tribu Yaqui que se oponen al Acueducto”.

Asimismo, advirtieron que “la criminalización de los voceros y líderes de la Tribu Yaqui en el asunto del Acueducto Independencia polariza la ya de por sí tensa situación”, además de que pone en riesgo el proceso de consulta que ordenó la SCJN, toda vez que “pocas cosas se oponen de forma tan rotunda a un proceso de consulta libre, que implica la apertura de un diálogo significativo y de buena fe entre las partes, que la persecución penal de los integrantes y voceros de una de las partes del proceso”.

Por todo lo anterior, las organizaciones concluyeron solicitando al Estado mexicano “la más amplia protección y prevención ante cualquier agresión, ataque, encarcelamiento y detención que pueda sufrir Mario Luna y los demás líderes y voceros del movimiento, al mismo tiempo que exigen al Procurador de Justicia del Estado de Sonora Carlos Navarro Sugich se desista de la acción penal”.

Informes

Misión Civil de Observación de la Consulta a la Tribu Yaqui

Anunciación.- La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), académicos y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) demandaron al Congreso de la Unión y al gobierno federal incluir el acceso a información en igualdad de condiciones a Personas con Discapacidad en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

En el foro “Discapacidad y Telecomunicaciones” realizado en el salón “Digna Ochoa” de la CDHDF, Perla Gómez Gallardo destacó que en la actual propuesta se omite el derecho a la accesibilidad para las Personas con Discapacidad, porque no garantiza información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia, así como la promoción de formas adecuadas de asistencia y apoyo a las Personas con Discapacidad para asegurar su acceso a la información.

Igualmente no impulsa el acceso de las Personas con Discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida Internet. Tampoco promueve el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas y tecnologías de la información, contenidos y educación a las personas con discapacidad violentando sus derechos humanos.

Humberto Guerrero, director de Disability Rigths International reiteró que México no debe incurrir en actos violatorios a la firma de los diversos tratados que ha signado tanto con la Organización de Naciones Unidas como con la Corte Interamericana en el tema de acceso libre a la información para todos los grupos de la sociedad y que no requiere más allá de voluntad y atención jurídica para evitar seguir sesgando la información y comunicación para las personas con alguna discapacidad.

Luis Eduardo Hernández, representante de Discapacitados Visuales IAP, comentó que “no podemos permitir que las leyes que se aprueben salgan desde su gestación con limitantes u omisiones, ya basta de tener legislaciones al vapor y mal hechas en detrimento de los derechos de la ciudadanía”.
Informes
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
0155 5229-5600

Anunciación.- La Casa de la Sal AC, llevó a cabo la inauguración del nuevo centro de atención para personas con discapacidad que viven con VIH o SIDA, con el apoyo de una empresadedicada al manejo, promoción y administración de sociedades de inversión.

La Casa de la Sal AC, es una asociación mexicana no lucrativa. Su labor consiste en dar orientación, apoyo emocional, médico, nutricional y compañía personas a personas con dicha enfermedad.

El nuevo edificio está diseñado y acondicionado con áreas específicas que permiten a los especialistas ofrecer  una mejor atención a víctimas y a sus familias, así es como se ha incrementado en un 35 por ciento la capacidad para atender a un mayor número de usuarios.

El acto de inauguración, fue presidido por el Jefe de Gobierno Capitalino Miguel Ángel Mancera Espinosa, el Delegado de Azcapotzalco Sergio Palacios Trejo y el Secretario de Salud Armando Ahued Ortega, así como por Horacio Armendáriz Mendoza Presidente de La Casa de la Sal.

Armendáriz Mendoza, comentó“ha llegado el día de poner en marcha este nuevo edificio que alberga el centro de atención para personas que viven y conviven con VIH SIDA, tema que continua siendo relevante desde la aparición del primer caso en México en 1984, se han registrado oficialmente 173 mil casos y se calculan que con el sub registro sean por lo menos 210 mil personas infectadas en estos 30 años. El esfuerzo del gobierno y sociedad civil, ha logrado que la pandemia sea aún focalizada en nuestro país sin embargo, el año pasado contrajeron el virus entre 9 mil 300 y 14 mil 200 personas de estas el 4.5 por ciento son menores de 19 años y el 18 por ciento son mujeres”

Actualmente, La Casa de la Sal forma parte de un proceso exitoso en el que 169 mujeres embarazadas con VIH SIDA, no trasmitirán la infección a sus hijos, lo cual es un gran avance, siendo que un igual número de familias se verán beneficiadas a través de programas focalizados.

México ocupa el segundo lugar en Latinoamérica solo después de Brasil por el número de casos de infecciones, pero en cuanto a prevalencia ocupa el lugar 17 con una taza de 0.38 por ciento de personas de 15 a 49 años. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que en la Ciudad de México habitan cerca de 40 mil personas portadoras de VIH SIDA y que anualmente se registran cerca de 2 mil 100 nuevos casos lo que representa aproximadamente el 21 por ciento de nuevas infecciones en nuestro país. En la Ciudad de México la tasa de mortalidad a causa de esta enfermedad pasó de 7.2 por ciento a 4.5 por ciento, cifra alentadora, resultado de esfuerzos conjuntos entre sociedad y gobierno que se reflejan a través de campañas de prevención, información, atención médica y psicológica gratuita, etc.

Informes
La Casa de la Sal
01 55 1102 9003

Anunciación.- La propuesta de Ley para la Transición Energética (LTE) presentada el pasado jueves en el Senado de la República sienta las bases para el desarrollo de un mercado de energías renovables a través de bonos de energía de dicha naturaleza, establece objetivos de reducción de emisiones y transición energética a través de una hoja de ruta con metas intermedias y da pasos en la dirección correcta hacia una transición energética y diversificación de la matriz, manifestaron el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y Greenpeace México.

Mediante una carta enviada a legisladores, las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC´s) urgieron al Senado de la República y a los partidos políticos a incorporar los lineamientos de la citada iniciativa en sus propuestas de leyes secundarias.

“Desde la sociedad civil consideramos que la reforma energética no sólo debe abordar el tema de la seguridad energética sino que debe apuntalar al país hacia la sustentabilidad energética con justicia social, el respeto a los derechos humanos y hacia un modelo de red inteligente y eficiente”, afirma el texto firmado por ambas ONG.

La misiva recuerda que las propuestas de leyes secundarias presentadas por el Ejecutivo a finales de mayo no integran una visión de promoción y desarrollo de las energías renovables; las cuales son la única vía para asegurar la diversificación de la matriz energética y un futuro sustentable.

En 2008 México público la Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento para la Transición Energética (LAERFTE) y la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (LASE). La finalidad de la reforma del 2008 fue potencializar el uso de las energías renovables dentro de nuestra matriz energética, dados los altos potenciales de irradiación solar, energía geotérmica, caudales de ríos, capacidad ventosa y biocombustibles con los que cuenta nuestro país. Sin embargo, en 2012 la capacidad de generación en México era de tan sólo 5 por ciento y a diferencia de otros países, el 82% por ciento de nuestra energía proviene de los combustibles fósiles (el promedio mundial es de 68 por ciento).

“Consideramos que una mayor participación de las fuentes renovables en la matriz eléctrica, permitirá una mayor competitividad a nivel nacional, al generar beneficios macroeconómicos, garantizará la seguridad energética, democratizará los beneficios obtenidos de su uso. Al mismo tiempo, permitirá una menor dependencia de hidrocarburos cuyo precio depende actualmente del mercado y garantizará el desarrollo sustentable de nuestro país lo que nos llevará hacia una economía baja en carbono”, añaden las organizaciones en el texto.

“La LTE propone una hoja de ruta clara para cumplir con la meta del 35 por ciento de la generación de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables para el 2024″, agregan las organizaciones. “No obstante, es importante señalar que aún hay temas muy importantes por definir en el resto de las leyes secundarias”.

Informes
Centro Mexicano de Derecho Ambiental
0155 5286-3323