Anunciación.- En días anteriores 40 organizaciones de la sociedad civil solicitaron a través de una carta dirigida al Ombudsman, Raúl Plascencia Villanueva, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH),con fundamento en el artículo 105 constitucional,presente una acción de inconstitucionalidad en contra de distintos numerales y artículos de diversas leyes secundarias de la reforma energética por afectarde manera negativa a los derechos humanos y poner en riesgo el desarrollo sustentable del país.

Los impactos de estas disposiciones pueden provocar daños, menoscabos y prejuicios a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de los que México es parte. Entre los que se incluye la violación alderecho a la tierra, el territorio y los recursos naturales, a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado, autodeterminación y desarrollo de los pueblos originarios, a la no discriminación, al derecho de propiedad, de trabajo, de libertad de expresión, información, participación y acceso a la justicia, al medio ambiente sano y el acceso, saneamiento y disposición de agua así como también a los principios de no regresividad en  materia de derechos humanos y  al principio pro personae.

Además, las organizaciones consideraron que las modificaciones a diversos instrumentos normativos y la creación de otros que dan marco a la reforma energética impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto dejan pendiente temas fundamentales para el país como la transición energética hacia la energía renovable; el cumplimiento de compromisos suscritos por México a nivel internacional para alcanzar  las metas reducción de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI); la protección del medio ambiente, así como la internalización de los costos generados por los daños e impactos ambientales.

“La Comisión Nacional de Derechos Humanos no puede dejar de actuar ante esta amenaza a los derechos humanos. La acción de inconstitucionalidad debe ser una tarea prioritaria para esta institución. De lo contrario, estaría incumpliendo con su mandato de defensor del pueblo y afectaría de manera negativa el principio de progresividad en materia de derechos humanos”, señaló Andrea Cerami, coordinador de Derechos Humanos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental AC, (CEMDA).

En ese sentido, las organizaciones en conferencia de prensa, junto con más de 40 organizaciones y personas de la sociedad civil firmantes en este boletín, concluyeron exigiendo a la CNDH que ejerza sus atribuciones constitucionales e impulse el debate jurídico y social sobre las posibles violaciones de derechos humanos y los conflictos sociales que causarán algunas disposiciones de la reforma energética.