Anunciación.- La Alianza por la Salud Alimentaria hizo un llamado al Legislativo a cumplir su palabra y asignar los recursos suficientes para la prevención de la obesidad y la diabetes y para la instalación de bebederos y dispensarios de agua en todas las escuelas con las acciones complementarias para lograr una verdadera cultura del agua entre los escolares.
En dos ocasiones el legislativo ha establecido la necesidad de asignar el equivalente a lo recaudado por el impuesto al refresco a la prevención de la obesidad y el sobrepeso. Se estima que esta cantidad llegue en 2014 aproximadamente a 12 mil 400 millones y en 2015 a 18 mil 271millones, sin embargo la inversión propuesta por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en este rubro es de solamente 330 millones de pesos en 2015, cuando la estimación es que el costo anual de la obesidad ascendió a 80 mil millones de pesos en 2012.
En el mismo sentido, lo propuesto para ser asignado a bebederos/dispensarios de agua en las escuelas para 2015 es una décima parte de lo que la Cámara de Diputados estimó debe ser invertido.
Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor declaró “el monto derivado de la recaudación por concepto del impuesto especial a las bebidas azucaradas y a los alimentos de alta densidad calórica podría ser suficiente para dotar de bebederos a las escuelas públicas de educación básica de todo el país. Sin embargo, el monto asignado dentro del Paquete Económico 2015 es de $1 mil 360 millones 87 mil 240 pesos, faltarían más de $2 mil 186 millones de pesos sólo para cubrir la inversión del primero de tres años. A ese ritmo, nos tardaríamos de 12 a 15 años en cumplir con la meta, mientras que el objetivo es que estén instalados 3 años que es el plazo que marca la Ley General de la Infraestructura Física Educativa para la instalación obligatoria de bebederos”.
Por su parte Alma Meneses de la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM) declaró “el artículo 24 de la Convención obliga al Gobierno mexicano a garantizar el más alto nivel de salud para niñas, niños y adolescentes, y señala que para poder cumplir con esta obligación, el Estado parte debe de combatir la malnutrición desde la atención primaria de niñas y niños, entre otras cosas, mediante la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre”.
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