La información, tarea inacabada y manipulante
Autor: Gabriel Martínez Navarrete
Es cierto. Los actuales medios de información y comunicación, se han extendido tanto que resulta difícil encontrar un sitio que carezca de radio, prensa, cine, televisión, internet, etc. Este fenómeno confiere un papel incalculable a dichos medios, al grado que nadie puede ignorarlos, debido a su alta importancia. En este punto, coinciden casi todas las personas que se manifiestan en contra de una reglamentación de la información como de aquellas que la favorecen.
Si se promulga una reglamentación informativa, implicará de por sí la censura: por medio de la cual, el Gobierno controlará, limitará o suprimirá ciertas ideas u opiniones en los medios de comunicación social.
Con la censura, la autoridad gubernamental controlará la difusión de ideas. Tal control se justificaría sólo por motivos de orden público y moral; es decir, porque la trasmisión de ciertos mensajes e ideas subversivas estén amenazando el bienestar, o quebrantando la moralidad.
En nuestro país existen anomalías que no han podido ser controlados por la autoridad pública, ni por medio del sistema de autocontrol de la información que nos rige.
Algunas de estas anomalías dañan y destruyen la salud mental y espiritual de los ciudadanos., como, por ejemplo: la profusión de la pornografía, el respeto a la vida privada, el derecho a la buena reputación; el derecho para obtener una información objetiva de los sucesos públicos y el derecho para manifestar y defender las propias ideas, para cultivar un arte, pero siempre dentro del orden moral y del bien público.
La transmisión de mensajes que corroen los valores humanos se localiza a la orden del día. Por ejemplo: la propaganda a favor del aborto; el bombardeo sistemático de ideas en pro de la violencia, ensalzándola como el recurso fácil para arreglar los problemas sociales; la degradación de la información convirtiéndola en propaganda, etc.
Hasta ahora, la vigilancia del Gobierno se ha limitado, sobre todo a defender los intereses políticos, descuidando el grave deber de salvaguardar la moralidad pública, cuyas principales normas pertenecen al derecho natural y no están sujetas al debate público o a la subjetividad. Por ejemplo: la venta de pornografía disfrazada como cultura, que puede encontrarse en muchos de los pasquines y revistas que se publican.
Ciertamente que toda la responsabilidad del caos informativo, no recae en el Gobierno. Buena parte de esta corresponde a los padres de familia, a los educadores, a todas aquellas personas que tengan alguna influencia y, en general, a los demás ciudadanos.
Es preciso poner freno al permisivismo de la información. No podemos justificar la situación actual, argumentando que los medios de comunicación dan lo que el público pide: esta ha sido la excusa de las prostitutas en todas las épocas. Aquellos medios han creado un mercado enfermizo del que ahora se aprovechan. Quienes trabajamos en los medios de comunicación, no podemos rehuir la responsabilidad que pesa sobre nosotros.
La censura forma parte del derecho positivo humano y tiene como fin inmediato reglamentar la conducta externa de los ciudadanos a fin de conseguir el bien común. Por lo tanto, el peligro no radica en si se reglamenta o no la información, sino en saber si los límites de dicha reglamentación salvan la libertad de pensamiento, lo cual, en la práctica resulta muy riesgoso, pues las personas que realizan la actividad oficial censora, necesitarían un probado amor a la libertad personal, anteponiendo la libertad ajena a la propia.
El país estaría en el ocaso cuando ya no supiera valorar y criticar los medios de información que posee. Y esto podría ocurrir, si los censores fueran personas de ideologías y prejuiciados por una mentalidad de partido único, pues –tales censores- tomarían medidas arbitrarias, haciendo concurrir la información hacia la utopía; como podría ser el caso de los marxistas.
Quizá, una medida adecuada consista en lanzar una campaña permanente, para orientar a los receptores de la información los derechos a recibir una información objetiva y libre de prejuicios y de manipulaciones. Y de crear los mecanismos jurídicos para que este derecho inviolable de la persona humana, pueda ser defendido en los tribunales.
Sólo si salvaguardamos la auténtica libertad de información, nos libraremos de la esclavitud de los medios de comunicación.
