Anunciación.- La postergada decisión del gobierno de Estados Unidos de decretar un embargo pesquero contra México, motivado por la mortandad de tortugas caguama en el Golfo de Ulloa, en Baja California Sur, constituye un alto riesgo para el país que puede tener graves consecuencias económicas. De ahí la relevancia de que el gobierno mexicano elabore e implemente de manera urgente y efectiva un ordenamiento pesquero en la región.
El gobierno de Estados Unidos pospuso hasta mayo de este año su decisión de certificar a México y evitar sanciones comerciales de al menos 400 millones de dólares debido a la mortandad de tortugas caguama en el Golfo de Ulloa, BCS.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental AC (CEMDA) y la organización Defenders of Wildlife, consideraron que sería preocupante que el gobierno de Estados Unidos imponga sanciones económicas unilaterales e injustas y que llegue a suceder lo mismo que con el problema del atún-delfín.
“Es por ello que esperamos en estos días el resultado de las negociaciones de ambos países, y conocer si dejaron pasar la gran oportunidad de actuar y brindar protección a las tortugas marinas así como apoyo al sector pesquero”, señaló Alejandro Olivera, coordinador de políticas públicas del CEMDA, sede noroeste.
A través de su reporte bianual para el Congreso de los Estados Unidos, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) determinó que “debido a que el Gobierno de México ha propuesto el establecimiento de una zona de refugio (para las tortugas caguama) y demostrado el progreso hacia la adopción de un programa regulador de captura incidental, el Servicio Nacional de Pesquerías Marinas (NFMS) está retrasando su certificación determinación hasta mayo de 2015 para determinar si la regulación implementada es comparable en eficacia a relevantes medidas regulatorias de Estados Unidos”.
Lo anterior después de que hace dos años, en el anterior reporte de la NOAA, se hubiera identificado a México como una nación que captura especies protegidas, refiriéndose a la captura incidental de tortugas marinas en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur. El gobierno estadounidense reconoció en aquel entonces que la cifra reportada por el gobierno mexicano de 438 tortugas amarillas encontradas muertas en playa San Lázaro en esa misma región BCS sólo en julio y agosto del año 2012 representa un indicador de que la mortandad es mucho mayor, y que viola la ley de moratoria a la pesca con redes de deriva en altamar.
“A pesar que este proceso de evaluación no sólo ha sido del conocimiento del gobierno mexicano desde el año pasado, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) en México, no ha realizado el mínimo esfuerzo para implementar un ordenamiento pesquero en la región, como tampoco ningún esfuerzo de fondo para evitar un embargo pesquero” añadió Olivera.
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