Anunciación.- La discriminación y el estigma que sufren las personas indígenas han marcado en la sociedad mexicana una brecha de desigualdad que impide el ejercicio y su reconocimiento como sujetos de derechos, enfatizó Neptalí Ramírez Reyes, integrante de la Red Interdisciplinaria de Investigadores de los Pueblos Indígenas de México (IINPIM).
Durante su intervención en la teleconferencia “Población Indígena: carencias sociales, acceso a derechos y a la justicia” que realiza el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), Neptalí Ramírez, aseveró que a pesar de que se reconoce jurídicamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que todas y todos sin distinción alguna gozamos de garantías individuales, que suscriben específicamente en el articulo 1 y 2 de esta ley, en donde también puntualiza que está prohibido todo tipo de discriminación por su origen étnico o por alguna discapacidad.
Sin embargo, las políticas públicas que se desarrollan en esta materia, tienen una tendencia a establecer una política vertical, que contradice lo que está plasmado en la constitución, que se refleja en la pobreza, la discriminación, la falta de educación y en la ausencia para la toma de decisiones, que se enmarca por el vinculo inexistente entre las instituciones y la comunidad.
Datos del Instituto Nacional de Geografía (Inegi) revelan que en México 15.7 millones de personas se consideran indígenas, de las cuales 6.6 millones son hablantes de una lengua autóctona. Cabe destacar que la población indígena se concentra en el centro y sur del país: Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Guerrero, parte del Estado de México, Hidalgo y Tlaxcala. Continúa hacia el sureste en la península de Yucatán y hacia el norte recorre Michoacán, algunas regiones de Nayarit, Durango, Chihuahua y Sonora.
“La discriminación y el racismo permea al estado, a las instituciones y a la sociedad, al percibir a las personas autóctonas, como el necesitado, el carente, el que no puede”, esto lleva a no ser considerados como actor social que también puede proponer, organizarse y desarrollar políticas públicas que contribuyan a garantizar sus derechos, comentó Leticia Aparicio Soriano, de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM.
“Actualmente estamos en un contexto en que dado los procesos de movilidad, las personas de los pueblos originarios, radican en la ciudad, en donde se constituyen en comunidades organizadas y ya no en sus lugares de origen, a pesar de ello, no existe un trabajo de transformación social, al contrario pasamos de una frontera de castas por las marcadas clases sociales, lo que transgrede la identidad propia”, reiteró
El acceso a la justicia, por parte de los pueblos indígenas se ha plasmado en un conjunto de normas y pautas que han permitido la sobrevivencia, pero aún carecen de una defensa en lenguas maternas, asesorías jurídicas y al debido proceso; más de 8 mil purgan sentencias en centros penitenciarios estatales y federales, que las y los criminalizan sin equidad y sin considerar su idiosincrasia, detalló María Amparo Gutiérrez Reyes, representante legal de Red de Mujeres Indígenas Mexicanas REMUI AC.
“Es importante el reconocimiento del sistema normativo vigente, de su sistema tradicional que rescate sus usos y costumbres basado en el derecho positivo mexicano desde una visión de equidad e igualdad de oportunidades”, resaltó.
Por su parte, la Secretaría Desarrollo Rural y Equidad para las comunidades del Gobierno del Distrito Federal, brinda a través del Programa de Mujer Indígena acciones públicas para fortalecer el respeto a la diversidad, la cohesión e integración social que eleve la calidad de vida de este sector, explicó Griselda Rosales Vela, responsable del programa.
Informes
Instituto Nacional de Desarrollo Social
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