Anunciación.- Se llevó a cabo en el Centro Nacional de Comunicación Social AC (CENCOS), una conferencia de prensa convocada por Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), con el objetivo de informar sobre la definición de la situación legal del vocero de la Tribu Yaqui, Mario Luna, detenido el pasado jueves 11 de septiembre en Hermosillo, Sonora.
La conferencia fue encabezada por Tomás Rojo, vocero de la Tribu Yaqui, Andrea Cerami del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Javier Bautista del Programa de Interculturalidad y Asuntos Indígenas de la Universidad Iberoamericana y Edmundo del Pozo de FUNDAR AC.
El día de ayer, el Juez tercero de primera instancia, dictó el Auto de Formal Prisión en contra de Mario Luna Romero, secretario y vocero de la Tribu Yaqui, quien es acusado de privación ilegal de la libertad y robo de vehículo automotor por hechos ocurridos en junio del 2013.
Al respecto autoridades tradicionales de Vicam, Sonora, destacaron que es indignante que se dé esta respuesta de parte del poder judicial, cuando no existen elementos legales para sostener su culpabilidad como lo demostró la defensa, pues ni Mario Luna, ni Tomás Rojo estuvieron presentes en los hechos que dan origen a este proceso legal.
“El juez no analizó debidamente todas las pruebas, ni las vinculó para determinar la probable responsabilidad y admitió que existen pruebas que hacen dudar que Mario Luna estuviese en el lugar de los hechos. Nunca se probó la conducta de Mario Luna Romero, sólo hay declaraciones de oídas que presumen podría haber ordenado la detención, pero no se determinó dónde y cuándo Mario Luna dio la orden”, indicó Tomás Rojo.
Cabe destacar que Mario Luna es uno de los principales interlocutores en la consulta de las autoridades federales a la Tribu Yaqui, que derivó del fallo de la sentencia de la Suprema Corte.
“Esta detención atenta contra los principios del derecho a la consulta mandatados por la Corte. Por lo anterior podemos afirmar que la razón de la detención de Mario Luna y las órdenes de aprehensión contra Tomás Rojo y otros dos compañeros yaquis es el resultado de una decisión del Gobierno del Estado, que ha manifestado una y otra vez, con sus acciones que no existe respeto hacia la Tribu Yaqui y han mantenido una campaña de odio racial y criminalización, violando sus derechos humanos”, concluyeron las Autoridades Tradicionales de Vicam.