Anunciación.- La Caravana de la Justicia por la sierra Tarahumara instalada en la Cámara de Senadores, logró llegar a diversos acuerdos. Después de una jornada de trabajo que duró más de 5 horas y en la cual estuvieron presentes el senador del PRD Alejandro Encinas y representantes de las comunidades indígenas, se firmó la minuta de acuerdo estableciéndose así el compromiso para atender y resolver las situaciones que afectan a los tarahumaras y ódamis en esta región del país.La sesión dio inicio con una detallada explicación técnica de los recursos legales interpuestos por las comunidades indígenas, principalmente en el aspecto agrario y al derecho a la consulta previa, libre e informada, posteriormente los gobernadores indígenas expusieron ante los funcionarios sus peticiones y demandas, algunos de ellos en rarámuri y tepehúan.
La Caravana que hizo el viaje a la Ciudad de México, logró acordar en conjunto con legisladores y funcionarios federales impulsar la elaboración de la Ley Federal de Consulta a los Pueblos Indígenas, crear un grupo de trabajo y enlace con las comunidades indígenas, así como presentar un exhorto en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) dé atención a los problemas agrarios en dichas comunidades.
Lorenzo Moreno Pajarito, de la comunidad de Bacajípare, relató que para llegar a la Ciudad de México realizaron un largo recorrido desde la Sierra Tarahumara, en busca de ser escuchados por las autoridades federales sobre el severo problema de contaminación en sus manantiales por las descargas de aguas residuales que realizan los hoteles que operan en el área turística del Divisadero en las Barrancas del Cobre.
“Ya tenemos 17 años luchando, todo el tiempo ha sido lo mismo, no nos apoyan, no nos ayudan para resolver este problema, la comunidad ya no queremos que tiren aguas negras, que no contaminen los arroyos en donde nosotros nos bañamos y de la que tomamos, ahorita ya no es posible hacerlo, tenemos que ir más retirado para traer agua en cubetas”, señaló Moreno.
El comisionado para el diálogo con los pueblos indígenas, Jaime Martínez Veloz se comprometió a constituir un grupo de trabajo que servirá como enlace y dará seguimiento a los planteamientos hechos por las comunidades indígenas respecto a la consulta previa, libre e informada; los juicios agrarios; daño ambiental y forestal; las políticas de desarrollo social, respeto a los derechos humanos y medidas cautelares.Dicho grupo se integrará por la comisión de asuntos indígenas de la Cámara de Diputados y Senadores, la Secretaría de Gobernación a través del comisionado para el diálogo con los pueblos indígenas, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, una representación del gobierno de Chihuahua, de los gobernadores indígenas y de los asesores de las asociaciones civiles que acompañan la causa.
Otra de las propuestas fue implementar un programa de desarrollo regional, conforme a lo establecido en la ley general de desarrollo social, en donde las comunidades de la tarahumara decidan qué tipo de desarrollo requieren para las mismas, lo cual permitiría que ellos fueran los sujetos y no los objetos de la política pública.
