Anunciación.- La Misión Civil de Observación de la Consulta a la Tribu Yaqui, llevó a cabo una conferencia de prensa para dar a conocer que organizaciones defensoras de derechos humanos y del medio ambiente en todo el país enviaron el pasado 11 de junio una carta al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, manifestando su preocupación y rechazo por la sentencia que confirma la orden de aprehensión contra Mario Luna, vocero de la Tribu Yaqui, advirtiendo que detrás de ésta puede estar la intención de hacer uso indebido del sistema de justicia penal en México para perseguir a los líderes que se oponen a la realización del megaproyecto hidráulico Acueducto Independencia.
En días pasados se emitió la sentencia en el amparo en Revisión 93/2014 del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito que confirma la orden de aprehensión girada el 14 de junio de 2013 por el Juez Tercero de Primera Instancia de lo Penal de Hermosillo, Sonora, por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada y robo cometido por dos o más personas respecto de vehículo de propulsión mecánica en contra de Mario Luna, Secretario de las autoridades tradicionales del Pueblo de Vicam de la Tribu Yaqui.
Cabe recordar que Mario Luna ha fungido como el vocero de la Tribu Yaqui en la defensa legal que ésta ha emprendido en contra de la construcción y operación del Acueducto Independencia, el cual pretende trasvasar a la Cuenca del Río Sonora el agua del Río Yaqui, la cual pertenece en un 50 por ciento a la Tribu.
En un hecho histórico para los derechos indígenas en México, el pasado 8 de mayo de 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), reconoció la violación del derecho a la consulta de la Tribu en la emisión de la Autorización de Impacto Ambiental del Acueducto Independencia, ordenando a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dejar sin validez la autorización y llevar a cabo la consulta, proceso que a la fecha se encuentra en desarrollo y en el que tienen un papel fundamental las autoridades, entre ellos Mario Luna.
La orden de aprehensión en contra de Mario Luna tiene que ver con hechos ocurridos el 8 de junio de 2013, cuando durante el bloqueo carretero que mantiene la Tribu Yaqui en protesta contra el Acueducto, una persona de la misma comunidad Yaqui cometió una falta cuando transitaba en su vehículo y de acuerdo a los usos y costumbres fue detenido, trasladado a la comisaría y sancionado. El gobierno del estado de Sonora hizo del conocimiento público que Mario Luna y Tomás Rojo, ambos voceros de la Tribu en este conflicto, estaban siendo investigados por el supuesto secuestro de dicha persona, integrante de la Tribu Yaqui.
Las organizaciones señalaron que las acusaciones hacia las autoridades Yaquis no están fundadas ni motivadas, además de que ignoran el artículo 2 constitucional, el cual establece que, como miembros de una comunidad indígena con usos y costumbres, se les reconoce autonomía para aplicar sus propios sistemas normativos y, además, prevé el uso del sistema de justicia indígena para solucionar los conflictos internos en las comunidades y pueblos indígenas.
Es importante añadir que las acusaciones ministeriales presentan muchas dudas y contradicciones, además de que la ubicación y participación de Mario Luna, de Tomás Rojo y de los demás supuestos responsables en los hechos no es clara.
Las organizaciones firmantes señalaron en la misiva dirigida al Secretario de Gobernación que “todo esto es preocupante porque se ha visto que el sistema penal puede ser utilizado para criminalizar a los líderes y a los defensores del territorio de los pueblos indígenas que se oponen a algún megaproyecto de desarrollo y ésta es práctica del Estado mexicano”. Por ello, manifiestan su preocupación de que “detrás de esta orden de aprehensión exista la intención de hacer un uso indebido del sistema de justicia penal en México para perseguir a los líderes de la Tribu Yaqui que se oponen al Acueducto”.
Asimismo, advirtieron que “la criminalización de los voceros y líderes de la Tribu Yaqui en el asunto del Acueducto Independencia polariza la ya de por sí tensa situación”, además de que pone en riesgo el proceso de consulta que ordenó la SCJN, toda vez que “pocas cosas se oponen de forma tan rotunda a un proceso de consulta libre, que implica la apertura de un diálogo significativo y de buena fe entre las partes, que la persecución penal de los integrantes y voceros de una de las partes del proceso”.
Por todo lo anterior, las organizaciones concluyeron solicitando al Estado mexicano “la más amplia protección y prevención ante cualquier agresión, ataque, encarcelamiento y detención que pueda sufrir Mario Luna y los demás líderes y voceros del movimiento, al mismo tiempo que exigen al Procurador de Justicia del Estado de Sonora Carlos Navarro Sugich se desista de la acción penal”.
