Anunciación.- El Programa de Interculturalidad y Asuntos Indígenas de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, FUNDAR Centro de Análisis e Investigación, llevaron a cabo el dialogo colectivo “Tribu Yaqui. Resistencia contra el Acueducto Independencia”.
El objetivo de este evento fue crear un dialogo en el que la Tribu Yaqui en voz de sus voceros, compartieran sus análisis y reflexiones sobre el proceso de resistencia ante la problemática que les ha traído la construcción del Acueducto.
El dialogo tuvo como lugar el Auditorio Ángel Palerm en la Universidad Iberoamericana. Al encuentro asistieron Mario Luna, secretario de la Autoridad Tradicional del Pueblo de Vicam, Juan Domingo Molina del pueblo de Vicam, Miguel Cota Tortola del Pueblo de Loma de Guamuchil en Sonora, Raquel Padilla, especialista del INAH-Sonora y Edmundo del Pozo de fundar.
Al respecto Raquel Padilla comentó que desde el siglo XVI en un espacio geográfico hostentosamente denominado Nueva España, se ahondaron las raices de la explotación del indígena a través del acaparamiento de tierras y el aprovechamiento desproporcionado de su fuerza laboral.
“Los Yaquis forman una sociedad indígena que habitan la region centro sur del estado de Sonora. A pesar de su disperción histórica, a los Yaquis se les relaciona con el espacio territorial que han defendido a lo largo de los años. Los grupos dominantes han buscado controlar al pueblo Yoreme Yaqui por tres razones: para obtener su trabajo y servicios, para despojarlos de sus bienes y servicios naturales y para perpetuar su estructura social existente”.
Tribu Yaqui también se reunió en Toluca
El derrame de elementos tóxicos sobre las aguas del Río Sonora, responsabilidad directa del grupo México que opera la mina de Cananea, así como la pretensión de desviar las aguas del Río Yaqui, con el Acueducto Independencia para atender negocios especulativos en la Ciudad de Hermosillo, son males que tienen el mismo origen: el consentimiento indiscriminado -por cerca de treinta años- de parte del Estado Mexicano, a una política económica de libre mercado, cuya premisa es la ganancia monetaria sin importar que esto vaya en contra del medio ambiente, de las comunidades indígenas y del bienestar general del pueblo mexicano.
La contaminación de las aguas del Río Sonora, es la proverbial gota que derramó el vaso con relación a la larga lista de crímenes cometidos por corporativos como el Grupo México, crímenes que van desde los daños a la naturaleza hasta la demostración de un desprecio sin límites en contra de la vida humana, como ocurrió en febrero del 2006 en Pasta de Conchos, cuando este corporativo, con el consentimiento del gobierno de Vicente Fox, después de un análisis costo-beneficio, juzgaron inviable el rescate de 65 mineros que fueron abandonados y terminaron sepultados en el interior de la mina.
Los últimos doce años han sido un paraíso de impunidad para el Grupo México y para los depredadores que ven en los recursos naturales una fuente de saqueo y de ganancias especulativas. En Sonora han gozado de toda la protección del gobierno corrupto de Guillermo Padrés, quien en alianza con el ex presidente Felipe Calderón y con algunos líderes corruptos, montaron un dispositivo de represión, y en violación a la Constitución y a las leyes laborales, conculcaron el derecho de huelga e impusieron a un sindicato espurio para seguir operando la mina de Cananea en condiciones de inseguridad que ahora se ven reflejados con los derrames tóxicos sobre las aguas del Río Sonora.
La naturaleza del Grupo México, es la misma de quienes se encuentran detrás del gobierno de Guillermo Padrés, en el propósito de desviar las aguas del Río Yaqui para alimentar grandes negocios inmobiliarios en la Ciudad de Hermosillo. Es la misma codicia y la misma obsesión por el dinero que los ciega y los hace incurrir en las crímenes que, en este caso, amenazan la existencia de la Tribu Yaqui y las actividades productivas de todo el sur de Sonora, principalmente la producción de alimentos.
Los trabajadores mineros de Cananea, los ocho pueblos de la Tribu Yaqui y el Movimiento Ciudadano por el Agua, reivindicamos nuestra alianza y en razón de lo expuesto, demandamos lo siguiente:
1. Que se le retire la concesión de la mina de Cananea a Grupo México, ante el evidente mal manejo que ha hecho de la misma y que se le reconozcan los derechos laborales a los trabajadores mineros de la Sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos.
2. Que las autoridades responsables, esto es SEMARNAT y CONAGUA, atiendan las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y suspendan la operación ilegal del Acueducto Independencia, en tanto que es una obra que carece de Manifiesto de Impacto Ambiental y le causaría daños irreparables a la Tribu Yaqui y a las actividades productivas de todo el sur de Sonora.
3. Manifestamos que en apego a estas demandas mantendremos nuestra alianza y en los próximos días daremos a conocer acciones conjuntas de resistencia civil para exigir su cumplimiento.
